Cataluña acapara el 50% de la deuda de las empresas públicas autonómicas. Según el Banco de España, las sociedades mercantiles dependientes de la Generalitat acumulan un pasivo de 5.351 millones, cuando en el conjunto de las CCAA asciende a 10.779 millones. La causa de esta resistencia a cerrar o vender empresas públicas es que son instrumentos muy útiles para camuflar el déficit. Lo que indica la falta de voluntad política que hay de acabar con el problema y por qué se opta por recortar la sanidad, la educación o las inversiones productivas antes que acometer la reforma de las administraciones públicas.
No es el único motivo, las empresas públicas son un núcleo de clientelismo para colocar a personas afines. En Cataluña los años de Gobierno del tripartito catapultaron la deuda de los entes públicos desde 2.613 millones a 6.814 en 2011. Desde entonces la deuda sólo se ha reducido en 833 millones, una cantidad totalmente insuficiente cuando la Generalitat tiene problemas para reducir el déficit y pagar la deuda. Sin embargo, sigue manteniendo la televisión autonómica, albergues juveniles y desalinizadoras.
A pesar de que ninguna administración puede presumir en este asunto, las CCAA que mejor cumplieron con el déficit en 2012 rechazan un objetivo asimétrico como quiere Cataluña, cuando ha sufrido este crecimiento desmesurado de su sector público y Mas no tiene intención de ponerle remedio. La falta de decisión de Hacienda de acometer una reforma de las Administraciones Públicas alienta la rebelión en sus propias filas. El Gobierno no puede perder esta oportunidad porque difícilmente las urnas volverán a otorgar el margen de maniobra con que cuenta el PP para realizar esta reforma imprescindible.
