El proyecto de Economía de facilitar la residencia a extranjeros para atraer inversiones va a ser aprobado mañana por el Consejo de Ministros. Su andadura por los despachos ministeriales ha sido procelosa -año y medio de trabajo de una comisión interministerial- y ha cambiado su formato legal de proyecto de Decreto de Extranjería a proyecto de Ley de Emprendedores. Esto en cuanto a la forma. Por lo que respecta al fondo, ha ganado la postura de quienes apostaban por unos mínimos de inversión más elevados, frente a quienes propugnaban ser más competitivos que los países limítrofes.
Finalmente, se concederá el visado entre 90 días y 5 años, a expensas de lo que concrete el desarrollo posterior de la ley, para quienes inviertan un mínimo de 500.000 euros en una propiedad inmobiliaria y un millón en una actividad económica. A diferencia del borrador del decreto, que obligaba a crear por lo menos dos puestos de trabajo, el proyecto de ley no mantiene esta exigencia. Italia, Irlanda y Portugal ya ofrecen esta facilidad a los inversores.
Si inicialmente se pretendía compensar con la demanda exterior la debilidad interna del mercado inmobiliario, ahora se va más allá para captar todo tipo de inversiones. Capitales procedentes de Rusia y China ven el momento favorable para rentabilizar sus inversiones en España. Disponen de una liquidez de la que adolece el mercado interior, con graves dificultades para financiar nuevos proyectos empresariales y la creación de empleo. Facilitar el permiso de residencia a cambio de inversión estimulará de forma directa a los sectores inmobiliario y turístico y es una vía para incrementar la recaudación de las arcas públicas. Urgen más medidas como esta para impulsar el crecimiento económico.
