La sanidad no es una prioridad del gasto público en España, como demuestra el hecho de que el 61,6% de los recortes efectuados por las CCAA haya recaído sobre esta partida. Del total de 8.715,3 millones de ajuste en las autonomías, 5.365,1 millones correspondieron al gasto regional en salud.
En 2013 la perspectiva no es mejor, pues se incluye una nueva rebaja del gasto sanitario. El resultado es que dedicamos a la salud 631 euros menos por habitante que la eurozona. Estos datos cuestionan la eficacia de los recortes que se están llevando a cabo y la dejación que hace de su responsabilidad de coordinación el Ministerio de Sanidad.
Existe el peligro de que al final los ajustes practicados en vez de responder a una mejor gestión y racionalización presupuestaria, supongan un deterioro de la calidad del servicio que se presta. Otra consecuencia derivada de esta situación es la desigualdad de trato que se puede estar produciendo entre los españoles, según la CCAA en la que vivan.
El Estado no está ejerciendo el papel equilibrador que se le atribuye, porque al frente del Ministerio de Sanidad Ana Mato está demostrando una clara ineficacia en la gestión y hace tiempo que debería haber dimitido, después de su supuesta relación con la trama Gurtel a través de su exmarido. La confusión semántica que ha habido entre recortes y reformas ha provocado que en lugar de un planteamiento global y estructurado, se haya adoptado en muchos casos una política de parcheo ineficiente.
El Gobierno tiene que llevar a cabo todavía una buena batería de reformas. Es una oportunidad para coordinar mejor las actuaciones de las CCAA e incidir en otras áreas como la reordenación del sector público, evitar las duplicidades y reducir el gasto estructural de las Administraciones.
