El Gobierno andaluz dio ayer una solución al problema de los desahucios de personas con riesgo de exclusión social que, como bien ha dicho el Consejo del Poder Judicial, es de dudoso encaje legal. La normativa andaluza establece un plan de inspección de viviendas vacías, que parece más voluntarista que eficaz. Le sobra burocracia; adolece de inspectores para llevarlo a cabo -¿está en disposición la Junta de ampliar recursos humanos?-; su puesta en marcha puede demorarse en exceso, y permite a la Administración disponer de información -consumo de agua o electricidad- sin permiso del propietario. En este caso, entidades financieras, inmobiliarias y sociedades de gestión de activos.
El decreto también afecta a la Sareb, a quien tras la sucesión de concursos de las inmobiliarias, le surge un nuevo obstáculo. Se fuerza a las entidades financieras a que además del impago de la deuda arrostren la expropiación temporal del inmueble. La norma rompe la unidad de mercado, pero se fuerza a las entidades financieras a que además del impago de la deuda arrostren la expropiación temporal del inmueble.
La divergencia entre el Estado y las CCAA en asuntos de propiedad son un ataque directo a la unidad, que va más allá de la legalidad del decreto, tan avasallador de los derechos patrimoniales de las entidades financieras por el procedimiento abusivo que establece. Afortunadamente se ha excluido a las personas físicas. La Junta sólo coincide con el Gobierno en fijar un umbral de exclusión social -19.170 euros al año- excesivamente elevado. El Gobierno debe coordinar una solución general efectiva para los procedimientos de desahucio y frenar medidas que pueden incurrir en ilegalidad.
