Artur Mas, aunque lo niegue, está dispuesto a olvidar la pelea soberanista a cambio de obtener liquidez para no hacer más recortes, pagar a los funcionarios de la Generalitat y cumplir con los vencimientos de deuda. El globo sonda lanzado por el ministro García Margallo sobre la cesión del IRPF ha sido bien recibido en Cataluña. Significa que con el 100% del impuesto esta autonomía recibiría 9.400 millones adicionales, a los que le correspondieron por el 50% que ya está cedido. El pacto fiscal que proponía Mas en septiembre planteaba reducir a 8.000 millones el déficit fiscal de Cataluña. Madrid y Barcelona llevan un tiempo hablando y han modificado posiciones.
Mas ha comprendido que la alianza con ERC lleva a su Gobierno al suicidio político y Rajoy considera que ha llegado el momento de mover ficha. La cuestión es si el planteamiento es adecuado y qué consecuencias puede tener para el resto de comunidades autónomas. Obviamente, no se va a ceder el cien por cien del impuesto sobre la Renta, pero el porcentaje de cesión subirá de forma considerable en detrimento de la solidaridad interterritorial. Sin embargo, el principal problema es que se incurra de nuevo en el error, habitual de los gobiernos desde la Transición, de pacificar los conflictos soberanistas con parches en el modelo fiscal. El Gobierno no debe obviar la necesidad de una profunda reforma fiscal, acompasada con la correspondiente reforma del modelo de financiación. Por su parte, el presidente de la Generalitat no debe equivocarse de nuevo -como hizo con su órdago del pasado otoño- y aparcar las reformas que necesita Cataluña en aras de recuperar una popularidad que difícilmente va a recuperar.
