Tras abrir la puerta a una relajación del objetivo de déficit, el Gobierno parece dispuesto a dar oxígeno a las pretensiones fiscales de la Generalitat. Por boca del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, de nuevo protagonista de una historia que no le corresponde, el Ejecutivo sopesa ceder íntegramente la gestión del IRPF, un gravamen que en 2012 alcanzó 70.619 millones, más que el IVA o el Impuesto de Sociedades. De materializarse, la iniciativa chocaría con el principio de solidaridad interterritorial, en la medida que favorecería a Madrid y Barcelona, las dos regiones que más empleo concentran. Además, se cedería uno de los principales impuestos del Estado a una región caracterizada por incumplir sus compromisos.
