La desafección hacia los políticos se extiende también a los sindicatos y el origen es común. Muchos trabajadores entienden que quienes deberían defender sus derechos no lo hacen y sólo priman sus propios intereses. Los sindicatos hacen negocio de forma legal prestando asesoría jurídica y técnica en expedientes de regulación de empleo. Por esta vía, principalmente CCOO y UGT que son las organizaciones con mayor implantación, obtuvieron en 2011 alrededor de 90 millones de euros. Los 250 euros de media que cobran por cada trabajador afectado se descuentan de la indemnización final. El problema surge porque muchos despedidos lo ignoran y porque los sindicatos controlan este servicio, sin que el afectado tenga posibilidades de elección.
Esta falta de transparencia sirve de alimento a la corrupción. El caso de los ERE de Andalucía es el paradigma de cómo se montó una estructura para rentabilizar en beneficio de intereses particulares las ayudas al desempleo y los expedientes de regulación de empleo. La justicia dilucidará quiénes fueron responsables en este asunto de corrupción, pero está claro que las estructuras y el funcionamiento, tanto de la administración como de los sindicatos y empresas relacionadas constituyeron el caldo de cultivo que favoreció el fraude. También los empresarios participan y se benefician de estas prácticas fraudulentas. Acceden a pagar comisiones a intermediarios bien relacionados para que los comités de empresa accedan a sus propuestas y no haya problemas con la administración. Los sindicatos deben cortar estas prácticas vergonzantes y las empresas no aceptarlas. El antídoto es la publicidad y transparencia de las cuentas de los sindicatos.
