En 2013 se cumplirán dos años de legislatura y con el paso del tiempo se estrecha el horizonte para completar las reformas pendientes. La más importante de todas es la del sector público, pero hasta la fecha sólo se ha aprobado un proyecto de reforma local totalmente insatisfactorio, que mantiene el viejo esquema de las diputaciones provinciales y elimina algunas duplicidades sin explicar cómo se financiarán los cambios propuestos. La eliminación de duplicidades entre las CCAA, el Estado y sus respectivas empresas públicas se demora al trabajo de una comisión que emitirá sus conclusiones en junio.
Existe un gran peligro de que como hasta ahora las decisiones se dilaten -la disculpa es que hay que desliar un complejo entramado normativo-; llegue la recuperación y el fin de la legislatura, y la reforma del sector público se quede en el tintero. Hay 2.326 organismos públicos dependientes de las autonomías y, según un informe de UPyD del año 2011, el número de duplicidades creadas por las CCAA cuesta cerca de un 3% del PIB. 30.000 millones que aliviarían el déficit si Montoro se empeñara realmente en eliminarlas. Desde que empezó la crisis el número de entidades dependientes de las regiones se ha elevado un 30%. Es excesiva la cantidad de diputados autonómicos, intolerables los 1.200 millones que cuestan las televisiones de las CCAA e incomprensible que, además de las embajadas de España por todo el globo, haya otras cien embajadas autonómicas. Esta situación hace urgente la racionalización del sector público. El retraso no sólo se debe a complejidades legislativas, los intereses clientelistas de los políticos constituyen el auténtico freno de esta reforma que corre el peligro de quedar en agua de borrajas.
