Industria prepara un nuevo capítulo de la reforma energética para evitar que el déficit de tarifa anual se siga incrementando y cargue aún más los 28.000 millones de deuda acumulados. Se trata de crear un marco regulatorio estable, que admita ajustes con el paso del tiempo y con el cambio de la coyuntura económica. A pesar de las diferencias de criterio que enfrentan a Gobierno, empresas y diferentes fuentes energéticas, todos coinciden en la necesidad de definir un modelo energético para España, de tal forma que la energía se convierta en un activo y deje de ser un pasivo para la economía española. Es una tarea complicada porque exige primero podar muchos de los compromisos adquiridos, que en cierto modo maniatan al Gobierno en la decisión política de optar por un mix energético determinado y explicar a los ciudadanos su coste.
De momento, las reformas que se están realizando van en la línea de podar esos compromisos adquiridos. La industria pide que se vaya más rápido y el Gobierno empiece a decantarse por el modelo que considera más idóneo. Pero el primer tropiezo lo encuentra el Ejecutivo en la presión de las empresas, que se aferran a los compromisos de su sector. El objetivo es eliminar los 4.000 millones de déficit anual de tarifa y evitar que siga creciendo en próximos ejercicios. Para ello, en la reforma que se prepara el sector cargará con un nuevo recorte de 2.000 millones, y los 2.000 millones restantes se pretenden cargar en los Presupuestos, si se obtiene el acuerdo de Hacienda. Industria argumenta que estos 2.000 millones del Presupuesto serán absorbidos vía ingresos cuando la situación económica se estabilice. El plan parece acertado; habrá que esperar a los detalles para ver dónde inciden los recortes.
