Los españoles tenemos derecho al amparo frente a las arbitrariedades de los poderes públicos. Para ello se creó la figura del defensor del pueblo. El problema surge con las réplicas autonómicas de la institución. Los defensores autonómicos cuestan ocho veces más que el nacional y tienen menos carga de trabajo. Con el presupuesto del nacional y el número de quejas que recibe, un procedimiento un gasto medio de 587,28 euros, cantidad que puede llegar hasta 4.800, como en el caso de Asturias. Algunas CCAA ya han prescindido de esta figura por tratarse de una duplicidad innecesaria y costosa. La solución pasa por un solo defensor del pueblo con una dotación adecuada para atender las quejas de todos los españoles. Sería más eficaz y mas barato.
