La reforma energética adolece de dos vicios que pueden anular su efecto. Se ha fraguado de espaldas a las empresas, que se enteraban de las decisiones por el BOE, y se ha optado por recurrir a una panoplia de decretos en lugar de un planteamiento integral. Las eléctricas han puesto a trabajar sus gabinetes jurídicos para paralizar la reforma con una avalancha de recursos. Esta estrategia anticipa una oleada de fallos que, en algunos casos, modificarán el sentido de la ley y colocarán al sector eléctrico en una suerte de limbo, donde la seguridad jurídica brillará por su ausencia. Una dificultad añadida para atajar el déficit de tarifa. Para resolver un problema se necesita la complicidad de los afectados, no su rechazo. Una máxima que Industria debe considerar.
