La necesidad de aumentar los ingresos fiscales y la equidad tributaria ha provocado una reacción general en toda la UE contra lo que el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, califica como planificación fiscal agresiva. Dell, Microsoft, Apple, Samsung, Amazon o Google han colmado la paciencia de Francia, Alemania, Reino Unido y España, entre otros, que están revisando sus respectivas legislaciones para poner coto a las prácticas de ingeniería fiscal. Las multinacionales difieren la carga impositiva a Estados como Irlanda, mientras que en sus respectivas matrices nacionales cargan gastos exagerados con el fin de deducírselos.
Con ello no tributan a pesar de tener actividad y beneficios e, incluso, obtienen devoluciones. La comparación con la tributación a la que están sometidas las empresas y ciudadanos de estos países constituye un importante agravio. Cristóbal Montoro anunció hace unos meses que su departamento iba a poner fin a esta situación. Desde enero, la Agencia Tributaria ha puesto en marcha la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONIF), dedicada a controlar estas operaciones.
Paralelamente, los tribunales españoles siguen en sus sentencias el concepto de establecimiento permanente de la OCDE, más exigente y que se aplicó en marzo de 2012 a Dell. No obstante, los inspectores de Hacienda y los tribunales libran una titánica batalla -con medios materiales y humanos escasos-, contra los importantes gabinetes fiscales de las multinacionales. La victoria en esta guerra fiscal sólo será plena con la coordinación de actuaciones de los Estados. Es la única vía para vencer las reticencias de quienes se benefician de la situación: multinacionales y Estados que practican la competencia fiscal.
