En las propuestas de Rajoy contra la corrupción se incluye a partidos, fundaciones y sindicatos que reciben ayudas públicas en el proyecto de ley de transparencia , pero no a la Casa Real. Una omisión que no se entiende si el Gobierno quiere afianzar la institución monárquica, cuando Zarzuela se ve salpicada por el escándalo que afecta al yerno del Rey, Iñaqui Urdangarin. Su declaración ante el juez Castro muestra que la situación empeora a medida que se tiene un mayor conocimiento de las actuaciones del duque al frente de Nóos. No tiene sentido negar que la primera institución del Estado se someta a la transparencia y al control dentro de los límites que marca la Constitución. Que así sea es responsabilidad del Gobierno y del Parlamento.
