Una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anulado la integración en la Administración andaluza de casi 2.000 empleados de la antigua empresa pública DAP en la agencia Agapa, también pública. Una vía para que personal laboral, que no ha pasado ninguna prueba de selección objetiva, entre en el servicio público. Por esta razón, se habla de enchufados, ya que muchos de ellos son familiares o correligionarios políticos o sindicales, según denuncian los funcionarios. En la misma situación están otros 24.000 empleados de antiguos entes, empresas y consorcios como DAP, a los que gracias a la ley de reordenación del sector público de Andalucía -aprobada hace dos años- se les abrió una puerta falsa para entrar en la Administración a través de ocho agencias como Agapa.
Tras una larga batalla judicial -la Junta no aplicaba las resoluciones con el argumento de que no eran firmes- la sentencia inapelable del máximo tribunal andaluz ha paralizado los protocolos de integración. Estas situaciones explican en gran medida el crecimiento del sector público y la resistencia de las Administraciones a reducir el número de empresas públicas. Hace un año la vicepresidenta del Gobierno dio un ultimátum a las autonomías para que redujeran las alrededor de 400 empresas públicas. A fecha actual sólo se han suprimido 70. Triste resultado, mientras la lucha contra el déficit y la deuda obligan a recortar servicios básicos e inversiones. Griñán debe dar explicaciones y poner fin a esta situación sin esperar a que los tribunales tumben la ley del enchufismo. Hacienda debe forzar la reformas administrativas, sobre todo en las autonomías que piden la ayuda de fondos estatales.
