Los numerosos organismos repartidos por las administraciones que duplican funciones y cuya utilidad es cuestionable, justifica una reforma del sector público cada día más urgente. Un ejemplo: los Consejos Económicos y Sociales de las CCAA. Hay catorce CES a imagen del que opera a nivel nacional. Su objetivo es asesorar a los gobiernos regionales en la toma de decisiones. Curiosamente en un momento como el actual, con una crisis que exigiría más que nunca sus informes, los CES sólo elaboran una media de 8 informes por año y cuentan con un presupuesto conjunto de 20 millones. Un asesoramiento demasiado costoso que algunas CCAA han decidido suprimir, porque lo razonable sería concentrar estas funciones en un solo consejo.
