La Cámara de Cuentas de Andalucía denuncia en un informe de fiscalización del Plan de Infraestructuras 2007-2013 el descontrol y la mala gestión del dinero público que hay en esa comunidad autónoma. La Cámara ha detectado hasta finales de 2011 1.550 millones en obras adjudicadas sin consignación presupuestaria. Esta cantidad representa el triple del gasto en infraestructuras previsto en los presupuestos andaluces de 2013 para un solo ejercicio. El órgano de control ha pedido explicaciones a la Consejería de Obras Públicas (actualmente Fomento) de por qué no figura esta cantidad en la contabilidad general de la Junta en el marco de un programa plurianual, lo cual supone un incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Además, al no aparecer registradas las obras en la contabilidad, no hay ningún soporte legal para que se cumplan los plazos de pago dados a los adjudicatarios de las obras, aun cuando se diga que esas cantidades deberían abonarse entre 2012 y 2017. La Consejería argumenta que no dispone de fondos y que por este motivo se están produciendo paralizaciones y reprogramaciones de obras desde hace tres años. Una explicación que no convence a la Cámara de Cuentas, que entiende que la falta de liquidez es un problema distinto de la ausencia de consignación presupuestaria. Cualquier pago que realice una administración pública debe estar referenciado a una determinada partida presupuestaria. Mientras esto no se produce, el gasto no existe oficialmente y por tanto no se puede saldar; la deuda se deriva a los años venideros y este gasto burla el control de Hacienda, igual que las facturas ocultas en el cajón. El Gobierno debe poner coto a estas prácticas inadmisibles.
