España contabilizó por ingresos fiscales diez puntos porcentuales menos que la media de la zona euro en 2011. En términos de PIB, dos economías mucho más débiles que la española, como la griega y la portuguesa, ingresaron un 6,6 y un 10% más respectivamente. A ello se añade que un 57% de los españoles considera que la oferta de servicios y prestaciones públicas que recibe no se corresponde con los impuestos que paga. ¿Son la economía sumergida y el fraude el origen del problema? No exactamente, aunque contribuyen a ampliarlo.
Los expertos estiman que los niveles de fraude en la actualidad son similares a los que había antes de la crisis. El problema real es que tenemos una estructura impositiva que se ha quedado obsoleta y cuyo arreglo no pasa por someter al sistema a nuevos parcheos. La mayor parte de las decisiones adoptadas por el Gobierno en materia fiscal a lo largo de 2012 constituyen un buen ejemplo de todo lo que no debe hacerse.
Con los impuestos actuales, nuevas subidas sólo conducen a deprimir más la recaudación, inciden en las decisiones de ahorro y de trabajo y, por tanto, en el crecimiento de la economía. En la estructura actual hay un peso excesivo de la tributación sobre el trabajo y la cuantía de exenciones fiscales en sociedades discrimina a las empresas grandes frente a las medianas y pequeñas, que disponen de menos medios para realizar una planificación fiscal. La equidad y la necesidad de eliminar el déficit claman por una reforma en profundidad, reducir el fraude y actuar sobre el gasto. El cambio en la fiscalidad debe regirse no por nuevas subidas de impuestos, sino por una ampliación de las bases de tributación con tipos más bajos.
