No todo lo que es legal es ético. Llevamos varios días insistiendo en esta idea, que los hechos no hacen sino confirmar. Resulta difícil explicar que tras la incorporación de Isabel Barreiro, esposa del ministro de Exteriores, al equipo directivo de GlaxoSmithKline nada más abandonar la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el laboratorio arrebatara a Sanofi el jugoso contrato -en torno a cinco millones de euros- de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH). Desde luego, el efecto Barreiro ha sido muy importante para la compañía, que pronto empezó a rentabilizar su fichaje. La Comunidad de Madrid justifica que la adquisición de vacunas, como es preceptivo, salió a concurso público y se falló a su favor porque presentó el precio más bajo. Éste fue el único criterio que consideró la mesa de contratación, según la Comunidad y el boletín oficial de la misma.
Llama la atención que, tratándose de un tema de salud pública, a los responsables del Gobierno de Madrid lo único que les interese es el precio. Algo relevante, pero desde luego no el único factor que se debe tener en cuenta. El cónyuge de Barreiro, el ministro García-Margallo, elude dar su parecer en relación con la llegada de su esposa a Glaxo tras su cargo en la Administración madrileña. El titular de Exteriores se escuda en que esta contratación se produjo antes de que él fuera nombrado ministro. No es una disculpa aceptable, sólo una forma de evitar la realidad, que es muy tozuda. Barreiro debe dejar ya su puesto en Glaxo, porque los hechos que se van conociendo la sitúan en una posición insostenible, que salpica al ministro, a la Comunidad de Madrid y al PP, agobiado por los escándalos.
