El ministro de Economía, Luis de Guindos, quiere ejecutar una vieja aspiración, la liberalización de los servicios profesionales. Una idea que ya abordó el Ejecutivo de Zapatero y abandonó por su complejidad y por los intereses profesionales que vulneraba. Las asociaciones empresariales advierten de que existen profesiones como notarios, abogados, médicos, arquitectos o farmacéuticos que no pueden ser desarreglados sin afectar a las garantías con la que hoy prestan sus servicios. Un caso especial es el de las farmacias. Es necesario preguntarse qué ventajas obtendrá el ciudadano si se liberaliza su propiedad cuando los precios siguen regulados por el Estado y se podría dar al traste con su servicio en el mundo rural.
