Raras veces una decisión judicial ha generado tanta unanimidad en la vida política española. La práctica totalidad del arco parlamentario exigió ayer la dimisión del líder de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Josep Antoni Duran i Lleida, tras confirmarse que el partido democristiano se financió de forma ilegal con dinero de la UE destinado a la formación de parados. El embrollo político aporta de forma inesperada una munición de gran calibre a ERC, interesado en apartar del proyecto soberanista a Duran, su principal opositor. El denominado caso Pallerols abre de esta forma la primera vía de agua en el Gobierno catalán, pocas semanas después de formación. Un anticipo de lo que se avecina en una coalición forzada por las urnas.
