Después de casi cuatro meses desde el último encuentro oficial en la Moncloa, Mariano Rajoy y Artur Mas volvieron ayer a verse las caras con motivo de la inauguración del tramo de alta velocidad Barcelona-Figueres. Una infraestructura ferroviaria necesaria para Cataluña que, lejos de restañar heridas, ha vuelto a poner de manifiesto los caminos divergentes por los que transitan los dos políticos. Mientras Rajoy tendió su mano y ofreció colaboración, el presidente de la Generalitat aprovechó un acto cargado de trascendencia y simbolismo para retomar su discurso nacionalista y recordar el supuesto olvido inversor del Estado con Cataluña, así como la tardanza de un proyecto que coincide con el veinte aniversario del AVE a Sevilla.
Una nueva pataleta que ahonda en la herida abierta con el plan secesionista, y que además incurre en errores, porque la comunidad catalana recibirá este ejercicio 1.112 millones para desarrollar infraestructuras, 2,6 veces más que la media nacional, y ha logrado 21.716 millones en los últimos doce años.
Por si fuera poco, el Gobierno catalán acordó ayer dotarse de una Secretaría de Hacienda para reforzar sus competencias, un órgano que en la práctica debe entenderse como la primera piedra para consolidar su independencia fiscal. Y, para rematar la jornada de desplantes, el Ejecutivo autonómico reconoció que ha mantenido contactos con Bruselas para intentar presionar a Rajoy sobre la conveniencia de rebajar el déficit autonómico del 0,7% fijado. En definitiva, un cúmulo de mensajes que reflejan las contradicciones de un líder voraz a la hora de exigir fondos públicos del Estado, pero que al mismo tiempo plantea una consulta popular para dejar de depender de él.
