Cuarenta directivos de cajas de ahorros intervenidas por el Estado han cobrado 207 millones desde que comenzó la crisis en concepto de sueldos, prejubilaciones, seguros e indemnizaciones, de acuerdo con las querellas y denuncias que estudia la Fiscalía Anticorrupción. En esta cantidad no están contabilizados los préstamos solicitados a las entidades en las que trabajaban, que en algún caso alcanzan 60 millones. Algunos de ellos están imputados y otros han tenido que depositar fianzas (caso de Novagalicia y CAM) para hacer frente al perjuicio causado por su calamitosa gestión, que hasta la fecha no ha tenido consecuencias penales.
Pese a la gravedad de los hechos, buena parte de los responsables de la mayor crisis financiera del país, que ha requerido de ayudas globales superiores a los 112.00 millones, disfruta de una placentera vida con un dinero sufragado por todos los ciudadanos. El paralelismo con los directivos de la banca norteamericana que propiciaron el origen de la crisis es total. Al otro lado del Atlántico los antiguos gestores tampoco han asumido ningún coste personal, pese a la magnitud del desastre planetario creado.
Y hablando de responsabilidades tampoco conviene olvidar la importante cuota alícuota del anterior equipo directivo del Banco de España, a cuyo frente se situaba Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Su incapacidad para advertir y gestionar el problema retrasó su solución, magnificando los daños colaterales con propuestas de fusión que se han demostrado un rotundo fracaso. Por todo ello, la Fiscalía se debe emplear a fondo para asignar responsabilidades a un colectivo que se encuentra confortablemente oculto en cámaras acorazadas a prueba de ética.
