El Supremo ha confirmado el clientelismo que UGT y CCOO han mantenido con la Junta de Andalucía desde al menos 2005 a cuenta de las subvenciones públicas. En dos sentencias definitivas el alto tribunal considera que las ayudas otorgadas por el Gobierno andaluz durante el periodo 2005-2008 no fueron dirigidas a fomentar la formación de parados, su objetivo prioritario, sino a promover la afiliación de nuevos trabajadores y reducir de esta forma el peso de los sindicatos minoritarios. La perversa relación entre el poder y sindical explica la falta de conflictividad laboral en la región y alerta sobre la urgencia de que los sindicatos, tanto mayoritarios como minoritarios, vuelvan a financiarse con las cuotas que pagan sus afiliados.
