La compleja adjudicación al consorcio liderado por Acciona de la concesión de Aigües del Ter Llobregat (ATLL) va a acabar finalmente en manos de los tribunales de justicia, después de que la Generalitat haya desoído los argumentos esgrimidos por el órgano encargado de adjudicar el concurso, que había decidido revocar la concesión tan solo seis después de resolverla. Al margen de lo que decida la Justicia, la controvertida decisión daña la imagen pública de la Administración catalana y supone una ruptura del principio de seguridad jurídica que acompaña a cualquier concesión pública. Sobre todo, porque la Generalitat usó el primer adelanto del contrato para pagar las nóminas y ahora se ve obligada a defenderlo.
