El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo a finales del mes de diciembre alcanzó los 4,8 millones de personas, tras aumentar en 426.364 desempleados durante el conjunto del año, el nivel más alto en toda la serie histórica comparable iniciada en 1996. Sin duda un mal dato, mejorado a última hora por el descenso del paro cosechado en el mes de diciembre (-59.094 personas), que es interpretado desde el Gobierno como un indicio del cambio que se avecina en el mercado de trabajo. Donde no hay margen de dudas es en el número de afiliados a la Seguridad Social, cuyo número descendió en 787.240 trabajadores (-4,57%). Esta significativa pérdida tiene unos efectos directos en la proporción de trabajadores activos y pensionistas, que de los 2,25 de hace una década se ha pasado a solo 1,9 cotizantes.
Estos datos confirman las dudas suscitadas en el mes de noviembre sobre la ejecución presupuestaria del conjunto de las administraciones de la Seguridad Social, que concluirá el ejercicio con 10.000 millones de euros de desajuste, cuando Montoro preveía que cerrara en equilibrio. Con todo, Hacienda logrará, muy probablemente, que se cumpla el déficit del Estado, estimado en el 4,5%, gracias a la menor subida de las pensiones y al incremento de impuestos, sobre todo el IVA. Más difícil será conseguir el 6,3% comprometido con Bruselas para el conjunto de las administraciones. Montoro admitió ayer que siete autonomías se saltarán sus objetivos. Lo intolerable es que cinco están gobernadas por dirigentes de su partido y una de ellas, Extremadura, se permite además abonar la paga extra a sus funcionarios. Hacienda debe actuar.
