Tras el mal funcionamiento del plan de pago a proveedores puesto en marcha en 2012, Hacienda ha comenzado a trabajar en un instrumento que permitirá a los proveedores de cualquier administración morosa acudir directamente al Ministerio para que éste arbitre la forma de pago de la deuda. Una solución eficaz que permitirá recortar los 13.730 millones en atrasos en el pago a proveedores acumulados hasta el mes de octubre, como denunció elEconomista. Ello, junto a la entrada en vigor de la Ley de Morosidad, que fija en 30 días en plazo general de pago de todas las administraciones públicas, debería acabar de una vez con los retrasos. La pena son los cientos de empresas cerradas para las que la solución ya llega tarde.
