Desde principios de año, autonomías y Seguridad Social son un quebradero de cabeza para Hacienda. Cada vez es más difícil que cierren el año según lo presupuestado. Las CCAA siguen teniendo un problema financiero grave, que han decidido resolver recurriendo a las malas prácticas habituales. Una costumbre que Montoro pretendía erradicar con la inyección de liquidez para pagar a los proveedores que instrumentó en primavera. Esto sirvió para saldar las cuentas de 2011, pero a partir de julio muchas autonomías -principalmente Cataluña, Andalucía y Valencia- volvieron a meter facturas en el cajón a la espera de tiempos mejores.
Sólo Galicia, La Rioja, País Vasco y Navarra pagan normalmente a sus proveedores. Las empresas de tecnología sanitaria, la industria farmacéutica y los autónomos son los que manifiestan mayor malestar y hablan de un volumen conjunto de deuda que se acerca a los 10.000 millones. Los viejos remedios que consisten en diferir el pago siguen siendo un autoengaño, causan un grave daño a las empresas e incrementan el paro. Hasta la fecha, el ahorro de las CCAA ha venido por medidas impulsadas por el Gobierno, no por decisiones de las propias autonomías que tienen aún los deberes pendientes. Parece que la tónica general en las Administraciones Públicas es esperar para ver si con el paso del tiempo los problemas se arreglan solos. Otro engaño que no hace sino alargar la crisis. La receta para salir de este marasmo pasa por una reforma del sector público que elimine duplicidades, haga un nuevo planteamiento de la financiación y dé más transparencia a las cuentas. Algo que debería plantear a fondo el próximo Consejo de Política Fiscal sin perder más tiempo.
