Las malas costumbres tardan tiempo en remitir y están fuertemente arraigadas en algunos políticos. Es el caso de las facturas de proveedores que se vuelven a guardar en el cajón. A pesar de que el plan de pago puesto en marcha en primavera saldó los impagos de 2011, hay cinco comunidades -Valencia, Cataluña, Aragón, Canarias y Baleares- que han vuelto a las andadas y adeudan 1.000 millones a las farmacias. El caso más flagrante es el de la Comunidad Valenciana, que debe 600 millones a las farmacias desde abril. Es inadmisible la mala gestión de estas autonomías, que prefieren hundir el tejido productivo antes que acometer reformas para sanear sus cuentas. Montoro no se puede quedar impasible ante la reedición de los errores.
