La crisis no sólo ha acentuado la economía sumergida, que según datos de Hacienda ha impedido ingresar a las arcas del Estado 70.000 millones, sino que propicia un aumento de la picaresca en las prestaciones por desempleo. Trabajo ha centrado los esfuerzos de la inspección en este tipo de fraude, con resultados esperanzadores. Así, ha demostrado que el 40% de las prestaciones por desempleo investigadas son fraudulentas, porque el perceptor desarrolla algún tipo de actividad sumergida. La malicia también se extiende al mundo de las empresas ficticias, que han aumentado un 500%. Acabar con este tipo de engaños no sólo permitirá recuperar ingresos, sino mejorar la credibilidad de las instituciones del Estado.
