España tiene unas estructuras de distribución muy rígidas que dificultan la competencia y empujan al alza los precios. Esto explica que con el consumo en mínimos aumente la inflación. Un informe de la Comisión Nacional de la Competencia ejemplifica esta debilidad estructural en el sector de los combustibles. El estudio se ha realizado a petición del Ministerio de Industria, preocupado por el alto coste de las gasolinas, que marcaron un máximo histórico en agosto y dispararon el IPC de septiembre. El Gobierno, alarmado por el impacto que los precios tienen sobre las pensiones y las cuentas de la Seguridad Social, está presionando a las petroleras para frenar la subida de precios. A pesar de la crisis económica las compañías han elevado sus márgenes un 20% desde 2007.
Hay vicios de funcionamiento que propician los desequilibrios. Competencia pide al Gobierno que prohíba a las petroleras recomendar el precio de los postes de las estaciones de servicio; mitigue la ventaja de las operadoras que tienen refino; apruebe una nueva regulación de gasolineras para permitir la entrada de nuevos operadores, y sobre todo que modifique el transporte y almacenamiento de combustibles, tarea que realiza la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) y en la que tienen gran influencia las operadoras. La Comisión de la Competencia reclama mayor independencia y un régimen de incompatibilidades en los órganos de gobierno de CLH para que no se produzcan conflictos de intereses. El informe recomienda 23 actuaciones, que serán una vez más papel mojado si el Ejecutivo no se toma en serio la liberalización del mercado frente a los intereses para mantener el statu quo aunque tenga un alto coste en inflación.