El adelanto de elecciones en Cataluña supone un nuevo quebradero de cabeza para el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro. Hacienda teme la repercusión que pueda tener sobre el objetivo de déficit por el gasto que llevan implícito los comicios. La convocatoria de las elecciones de 2010 tuvo un coste para las arcas catalanas de 26 millones y los partidos pueden invertir en sus campañas unos 10 millones. Un gasto que llega en el momento más inoportuno. No obstante, se trata de un problema limitado. Lo que realmente preocupa es que el impasse electoral suponga también un frenazo en las medidas de ajuste que se deben acometer y la ralentización de las reformas que habría que poner en marcha en 2013, en un momento en que Cataluña acaba de solicitar al Estado un rescate de 5.023 millones.
La campaña electoral va a difuminar los compromisos presupuestarios -ajustes del orden de 800 millones- que la Generalitat tiene que asumir para llegar a fin de año sin que su déficit sobrepase el 1,5% del PIB. Como sucede con el resto de las comunidades autónomas y Administraciones Públicas, el incumplimiento de uno pone en riesgo a los demás.
Si esta situación se produjera, Montoro tendría que intervenir las cuentas de la Generalitat. Un auténtico brete para el titular de Hacienda, que en plena campaña electoral debería enviar a sus hombres de negro a Cataluña. Todo un regalo para los intereses electorales de CiU y una vía directa para avivar el sentimiento soberanista. No es coincidencia. Con esta convocatoria electoral, Mas intenta responsabilizar al Gobierno de Rajoy de su fracaso y de aprovechar el sentimiento nacionalista para desviar la atención de los ajustes que ha llevado a cabo.
