Esta semana el Gobierno hará público su proyecto de Presupuestos para 2013 y tiene previsto anunciar nuevas reformas. A estas alturas, el Ejecutivo ya tiene que tener su previsión de liquidación del Ejercicio 2012, dato fundamental para poder elaborar las cuentas del próximo año. Lo primero que hay que saber es si se va a cumplir el objetivo de déficit, porque la mayor parte de los analistas consideran que va a ser muy difícil que el desequilibrio de las cuentas no supere el 6,3 por ciento del PIB. Debido al empeoramiento de la crisis, las subidas impositivas no están dando los frutos esperados; la Seguridad Social tiene y va a tener importantes problemas de caja, y las CCAA, según los datos del primer semestre, cumplirían por los pelos, aunque nada está asegurado. En este contexto, el Gobierno bajará una media del 20% los presupuestos de cada ministerio, para mantener en el mismo nivel que en 2012 las transferencias a las autonomías y subir un 1% las pensiones.
Este combinado significa una nueva vuelta de tuerca sobre la inversión sin reducir gasto estructural. Desde luego la solución, no son más impuestos, como propone Rubalcaba desde la oposición. Ni tampoco seguir con recortes que, a modo de parches dan alivio temporal. La única forma de estabilizar las cuentas y no frenar más el crecimiento es culminar las reformas estructurales y que el Gobierno haga público un calendario de desarrollo de los cambios propuestos. Es lo que pide Bruselas. Pero todavía hay reformas, como la de las Administraciones Públicas, que aún no tienen fecha. Un asunto que se demora continuamente bajo la disculpa de su dificultad. No es excusa, ha de hacerse. Igual que los Presupuestos 2013 deben servir para reducir el déficit y salir de la crisis.
