Los equipos jurídicos de las empresas eléctricas están preparando ya la batalla legal para hacer frente al impacto de 1.083 millones sobre sus cuentas que supondrá la reforma energética. El presidente de Iberdrola ha sido el primero en alzar la voz para pedir que las nuevas cargas impositivas y las primas sean homogéneas a fin de evitar barreras competitivas. Otro aspecto que preocupa es el ajuste de gasto que conllevará el recorte de ingresos de las empresas y con el que puede ir aparejado una reducción del empleo. El proyecto de ley inicia su trámite parlamentario y se abre una oportunidad para limar asperezas y evitar la posterior interposición de recursos, cuyo efecto puede desvirtuar el propósito de la reforma de acabar con el déficit de tarifa.
