La valoración que se haga de los bienes inmobiliarios es un elemento fundamental en la constitución del banco malo. Este factor determina sobre quién puede recaer el coste del saneamiento de las entidades financieras para que se libren de sus activos tóxicos. Como en política ninguna declaración es gratuita, la que hizo ayer el secretario de Estado de Economía cobra sentido. Dijo Jiménez Latorre que el precio de la vivienda podría haber tocado suelo. Si es una realidad o la expresión de un deseo, el tiempo lo dirá. Sin embargo, esta declaración sintoniza con la valoración que se está considerando para los activos del banco malo. Parece ser que se tomará como referencia el resultado de los test de estrés que hizo al sector en junio Oliver Wyman. Por tanto, la valoración será similar a la que figura en los balances de las entidades, con las provisiones de los dos decretos de reforma financiera.
Esta decisión beneficiaría a los bancos españoles y disminuiría el coste de su rescate, que podría situarse en los 60.000 millones. Esto, y el plazo de 15 años que se da al banco malo para que se deshaga de los activos tóxicos, corrobora que el precio en que se van a valorar los activos y el crédito promotor dañado no va a ser tan bajo y que se precisará más tiempo para venderlos.
¿Qué sucedería si los precios siguieran bajando? El esfuerzo de sanear el sistema financiero recaería sobre los contribuyentes. Irlanda es un buen ejemplo de lo que podría suceder en caso de que los precios siguieran bajando. Se confía en que este escenario adverso sólo tiene un 1% de probabilidades de producirse. Es de esperar que así sea, pues, si no, el precio de minimizar el rescate financiero supondría un grave quebranto, injustificable para los contribuyentes.