Tanto la Comisión Europea como el Gobierno español conocen algunas condiciones que Bruselas exigirá a España por el rescate. Se trata de las recomendaciones de la UE de primavera, una buena parte de las cuales ya están en marcha. Se acaba de aprobar la tercera reforma financiera y ha entrado en vigor el incremento del IVA.
Todavía hay algunas indicaciones que no se han implementado y, por esta razón, dos comisarios europeos, Rehn y Almunia, declararon ayer que España no tendrá que pedir condiciones adicionales. Las actuaciones que quedan pendientes afectan a dos temas muy sensibles y que suscitan gran rechazo social: eliminar el periodo transitorio en la reforma de las pensiones y recortar los meses de percepción del seguro de desempleo.
Lo primero implica adelantar en 14 años la jubilación a los 67 años, tener en cuenta la esperanza de vida para revisar la edad legal y aumentar el periodo de cómputo para percibir la pensión. Son medidas, junto a un nuevo recorte del paro, muy duras que el Gobierno, de momento, prefiere no mencionar por cuestiones de idoneidad política -hay dos elecciones a la vista-, pero también porque necesita asegurarse el acuerdo de los Estados miembros; qué vamos a recibir a cambio exactamente, y qué significará para nuestra prima de riesgo.
No es lo mismo pedir este sacrificio para que la prima se estabilice en 400 puntos que lo haga en 200. El pulso entre Madrid y Bruselas continúa y todo hace prever que el Ejecutivo demorará al máximo el rescate aprovechando el margen de liquidez que le dan las recientes palabras de Draghi. El problema es que mientras continúa el deterioro económico, existe el riesgo de que volvamos a la inestabilidad.
