El Gobierno publicará este mes el segundo informe sobre la ejecución presupuestaria de las CCAA. Esta información ya recogerá el efecto de los ajustes en educación, sanidad y función pública, que suman 10.000 millones de euros en términos anuales. Este año el impacto del recorte será aproximadamente la mitad, al haberse empezado a aplicar una vez mediado el ejercicio.
Aun así será suficiente, si las autonomías cumplen, para alcanzar el objetivo previsto de que entre todas el déficit no supere el 1,5% del PIB. Con los datos del primer trimestre, antes de los recortes, las autonomías no cumplieron el objetivo, aunque las cuentas cuadraron porque el Estado adelantó en gran medida las transferencias previstas para todo el año. Esto supuso sobre el papel que las CCAA cumplieran y que la Administración central engrosara más su déficit.
Ahora, las autonomías ya no pueden apelar a los adelantos y sólo les queda hacer los deberes. Además, si quieren dinero del Fondo de Liquidez Autonómica tendrán que someterse a nuevas condiciones. Andalucía, que ha pedido 1.000 millones de adelanto pero se resiste a solicitar el rescate, sigue dando vueltas para diferir los ajustes. El inconveniente es que, como debe cuadrar resultados ante Hacienda, la Junta está transfiriendo el problema al sector privado, con el que está cerrando contratos que tenía externalizados mientras sigue financiando a los sindicatos bajo el manto de programas de cooperación internacional. Cabe preguntarse por qué las CCAA tienen agencias de cooperación, cuando el Estado debería centralizar esta competencia. Este tipo de resistencias ahondan los problemas y ponen en riesgo el déficit. Hacienda no debe pasar ni una.
