La decisión del Gobierno de aplicar el llamado céntimo verde al gas natural en vez de a los carburantes, supone un inesperado giro que persigue no elevar aún más el precio de las gasolinas. La medida, sin embargo, plantea algunas interrogantes.
La principal está relacionada con los ingresos derivados del impuesto que obtendrá el Estado, que en teoría serán más reducidos, sencillamente porque la demanda de gas natural ha seguido una senda descendente desde 2011.
Esta circunstancia, junto a la ampliación en el tiempo de la ayuda de 400 euros a los parados de larga duración y la menor recaudación de la esperada por el IVA, pueden afectar al cumplimiento del déficit público fijado, un objetivo irrenunciable para la recuperación económica.
