En los tres últimos trimestres se han perdido 180.000 empleos públicos, una cifra que se verá incrementada este otoño por los nuevos recortes de gasto corriente que afrontarán las Administraciones Públicas. No es casual que las comunidades que mayores esfuerzos deberán hacer en este ámbito son aquéllas que tienen más dificultades para cumplir con sus compromisos de déficit público, como Castilla-La Mancha, Cataluña y Valencia.
El objetivo de estos ajustes de capacidad laboral no es otro que aligerar una estructura sobredimensionada por transferencias duplicadas y convocatorias de empleo público innecesarias, que lejos de mejorar el funcionamiento de las Administraciones las han convertido en un pesado lastre para el Estado.
