El Gobierno no incentivará a los funcionarios que acudan a sus puestos de trabajo, como hace la alcaldesa socialista de Sanlúcar de Barrameda, que abona a los empleados públicos del consistorio 90 euros al mes por no faltar al trabajo.
Pero sí ha introducido medidas en el plan bienal remitido a Bruselas para poner fin al absentismo en la Administración, que contemplan la reducción de un 50% de los salarios durante los tres primeros días, cuando se trate de bajas extralaborales o de enfermedad no profesional.
Una decisión que a buen seguro provocará el rechazo de algunos funcionarios, sobre todo de aquéllos que abusan de su condición, pero que sin embargo persigue acabar con una picaresca impropia de un país con 5,7 millones de parados.
