El Gobierno ha empezado a recoger sus primeros frutos en la batalla emprendida para constreñir los gastos derivados de la venta de fármacos. Una semana después de entrar en vigor la aplicación del copago, el 1 de julio, la dispensación de medicamentos se redujo un 22%, hasta los 23,4 millones de unidades respecto a junio, un mes atípico en el que los españoles hicieron un acopio extra.
La caída de las ventas supone una buena noticia para las arcas públicas del Estado, que a corto plazo se verán reforzadas con la aplicación de la norma que obliga a los médicos a prescribir un número exacto de pastillas a los enfermos. La racionalización también favorece a la ciudadanía, acostumbrada a sobredimensionar sus necesidades farmacéuticas.
