Las energías renovables han percibido primas por valor de 4.637 millones de euros en el primer semestre del año, una cantidad elevada que con seguridad se verá reducida en la segunda mitad del ejercicio porque entrarán en vigor las limitaciones horarias que rebajarán su producción. Una parte de este incremento del 26,7% se explica por la puesta en marcha de nuevas instalaciones. Nada que objetar a este aumento de la capacidad, porque por encima de todo debe prevalecer la seguridad jurídica de las empresas que comprometieron inversiones antes de la moratoria acordada por el Gobierno. Sin embargo, el crecimiento experimentado por las renovables hasta junio pone de manifiesto la asimetría de la primas recibidas, que claramente han beneficiado a las energías solares, fotovoltaicas y termoeléctricas frente al resto.
Esta desigualdad debería ser racionalizada, aprovechando el tercer paquete de la reforma energética que el Gobierno sigue sin aprobar por las profundas diferencias que mantienen los ministerios de Hacienda e Industria sobre el apoyo a las renovables. El último borrador elaborado por el ministro José Manuel Soria propone, con lógica, aplicar un impuesto a la energía termosolar del 13%, un tributo que ha propiciado la rebelión de los trece fondos de inversión internacionales que mantienen intereses en el sector. La incapacidad para alcanzar un acuerdo entre los dos ministerios ha desplazado la decisión final hasta Mariano Rajoy, quien debe adoptar una resolución que ponga fin al delirante déficit tarifario de 24.000 millones de euros. El Gobierno está obligado a enterrar el insostenible modelo actual por su contrastada ineficiencia para las empresas y consumidores.