Las comunidades autónomas necesitarán el próximo ejercicio fiscal más de 30.000 millones de euros para poder hacer frente a los vencimientos de deuda que figuran en su agenda. Una cantidad similar a la aportada este año a través del ICO (15.000 millones de euros) y del Fondo de Liquidez Autonómico (18.000 millones de euros) creado por el Gobierno para acudir en su auxilio, cuya validez expira el 31 de diciembre. En total, 33.000 millones de euros destinados a sostener las maltrechas finanzas regionales. A diferencia de la línea especial de crédito abierta por la entidad pública empresarial, los nuevos fondos adicionales conllevarán una estricta vigilancia por parte del Ministerio de Hacienda para hacer cumplir los objetivos de déficit. El enorme esfuerzo que se avecina para el Tesoro Público coincide en el tiempo con sus crecientes necesidades para financiarse y el desmesurado precio que ya está pagando, como quedó demostrado en la subasta de bonos celebrada la pasada semana.
La inclusión de las necesidades autonómicas en el calendario de emisiones del Tesoro corre el riesgo, además, de contaminar el conjunto de la deuda pública española, uno de los frentes por los que el Gobierno lleva luchando desde hace meses. Por todas estas cuestiones las comunidades se han convertido en un pesado lastre para el Estado, no solo por su abultado pasivo, sino también por su incapacidad para salir a financiarse al exterior. Por esta razón deben llevar a cabo los severos ajustes exigidos por el Gobierno para dejar de depender del Estado, ganar credibilidad exterior y recuperar el rating perdido.
