España no sólo tiene el dudoso honor de aglutinar la mayor tasa de desempleo de toda la Unión Europea, sino también de mantener la ratio más elevada entre población y empleados públicos: 1 por cada 18 habitantes. Una comparación que no se sostiene si levantamos la mirada y observamos la proporción de 1 a 12 de Francia, Italia o Alemania. En términos de gasto, la Administración Pública absorbió sin pestañear el pasado año 123.000 millones de euros para hacer frente al pago de nóminas de sus 2,7 millones de asalariados. Una cifra colosal e imposible de mantener para las exhaustas arcas públicas. Sobre todo porque muchos de esos puestos de trabajo se encuentran duplicados y resultan redundantes en comunidades autónomas, entidades locales y empresas públicas creadas tras los traspasos de competencias llevados a cabo.
Resulta sangrante, además, que mientras la Administración General del Estado ha recortado un 22% su personal desde 2001, las autonomías lo han incrementado un 44% y las entidades locales otro 39%. Este comportamiento divergente se explica porque las Administraciones autonómicas han abusado del empleo público para frenar el galopante paro y sacar pecho frente a sus electores. Pero este perverso cuento se ha acabado y los ejecutivos autónomos deben meter con decisión y sin remilgos la tijera a un colectivo excesivamente poblado, del que sobran entre 500.000 y 900.000 empleados públicos, aun a riesgo de generar conflictividad social. Deben dejar de aplicar paños calientes y taponar una de las principales vías de agua que han empezado a poner en peligro la navegabilidad de un barco llamado España.
