El profundo calado de las distintas medidas económicas adoptadas por el Gobierno en su corto mandato ha abierto más de una vía de agua en su seno. Una de las últimas disputas está relacionada con las profundas diferencias de enfoque que mantienen el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el de Industria, José Manuel Soria, a cuenta de la reforma del sector eléctrico que, en teoría, debería ser aprobada hoy por el Consejo de Ministros.
La pugna que mantienen los dos ministros está directamente relacionada con la fiscalidad que gravará a la industria termosolar, que de acuerdo con los primeros borradores de la reforma será del 13%. Mientras Montoro defiende a capa y espada una fiscalidad blanda para este subsector, Soria es partidario de introducir una carga más dura para equilibrar el déficit de tarifa.
La energía termosolar no sólo ha sido una vía de concesión de primas a los amigos, sino que se ha convertido en uno de los principales problemas del sector eléctrico. Si los proyectos de construcción de nuevas plantas se materializan en 2013, el déficit se incrementará en 2.000 millones de euros. El ministro de Industria debe mostrarse firme e inflexible en sus planteamientos y defender un reparto equitativo de las cargas, obviando las fuertes presiones que están ejerciendo los catorce fondos de inversión que mantienen intereses en el negocio.
El sector eléctrico tiene que estar, por ley, como una patena el próximo año: limpio, brillante, sin manchas y sin deuda. Se trata de contener la marea de deuda acumulada desde el año 2002, que a finales de este año puede rondar los 29.000 millones de euros, en torno al 3% del PIB español. Un disparate escasamente defendible.
