La Generalitat de Cataluña no está dispuesta a realizar ajustes en las empresas públicas que penden bajo el paraguas público autonómico, a pesar de que el Gobierno le ha exigido que acometa recortes por valor de 800 millones para cumplir con el objetivo de déficit del 1,5 por ciento. Una de las vías que tiene a su alcance para cumplir con la imposición de Madrid es redimensionar la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, cabecera del grupo que aglutina a TVE3 y Cataluña Radio, a imagen y semejanza del Gobierno valenciano, que suprimirá 1.300 empleos en Canal Nou.
La televisión catalana, con ocho canales propios, emplea a 2.642 personas y es el ente autonómico más grande y caro de toda España. El Gobierno catalán presupuestó 300 millones en 2011, frente a los 260 millones de este ejercicio. Además de este modesto recorte se han llevado a cabo medidas de contención laboral y se han clausurado emisiones por satélite cuyo precio resultaba desorbitado, pero el corazón del problema sigue intacto. Y su resolución parece lejana, porque el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha dejado claro a Mariano Rajoy que es imposible acometer nuevos tijeretazos en las cuentas autonómicas sin tocar los servicios básicos y la sanidad.
A estas dificultades se añade el problema lingüístico, porque para Mas los medios de comunicación públicos catalanes son un instrumento de defensa del catalán y, por lo tanto, deben seguir estando en manos gubernamentales.
El reflejo de las discrepancias surgidas se ha materializado con la decisión de Mas de recurrir ante el Constitucional los ajustes aprobados por el Gobierno. Casos como el de Cataluña ponen de manifiesto la escasa firmeza de algunas autonomías por afrontar sus responsabilidades.
