Radio Televisión Valenciana presentó ayer el ERE anunciado hace siete meses, que finalmente afectará a 1.295 trabajadores de los 1.695 que conforman la plantilla. Un recorte insuficiente, que no garantiza la viabilidad de una compañía que desde su creación se ha convertido, sin distinción de colores, en una agencia de colocación de los amigos del PSOE y del PP. Con unos ingresos en 2011 de 17 millones, unos gastos de personal de 73 millones y una deuda de 1.300 millones la medida más correcta hubiera sido su cierre definitivo, decisión que también comparten los auditores. El ajuste de personal allana el camino a otros Gobiernos autonómicos que tienen el mismo problema encima de la mesa: televisiones públicas ineficientes y sin futuro.
