El Gobierno y las comunidades autónomas celebraron ayer una reunión a cara de perro. Seis autonomías, entre ellas, Extremadura y Castilla y León, del PP, no apoyaron las exigencias de déficit que les planteó el Gobierno. Tras los ajustes anunciados el miércoles por el presidente del Gobierno en el ámbito del Estado y los municipios, le llega el turno a las comunidades autónomas, que todavía tienen pendiente una buena parte de la tarea.
Las comunidades autónomas fueron las principales responsables del incumplimiento del objetivo presupuestario en 2011 y siguen suscitando múltiples dudas a lo largo del presente ejercicio. Atraviesan graves problemas de liquidez, que han obligado al Estado a adelantar transferencias en el primer semestre a estas administraciones, que con la crisis han duplicado su endeudamiento; una mayoría han visto rebajadas sus emisiones al nivel de bono basura, y todavía no han recortado suficientemente su gasto.
Un Montoro inflexible
Ante la petición de varias autonomías de que el Estado comparta el incremento del IVA y la relajación en un punto del objetivo de déficit para 2012, Montoro se mostró inflexible. Hace bien el ministro de Hacienda al aplicar a las CCAA la receta europea: quien ayuda es quien impone las condiciones y las autonomías necesitan el aval del Estado para financiarse porque muchas tienen cerrados los mercados. Además, Montoró amonestó a ocho comunidades por desviarse del objetivo de déficit para este año, situado en el 1,5% del PIB. Las CCAA deben tomar todavía decisiones imprescindibles: cierre de empresas públicas -en primer lugar las televisiones-, reducción de empleados y supresión de la duplicidad de funciones. Ese es el trabajo pendiente en el que tienen que poner su empeño.
