La Unión Europea recibió ayer muy favorablemente la prontitud -al día siguiente del acuerdo sobre el memorándum del rescate al sector financiero- con que Mariano Rajoy anunció el recorte de 65.000 millones, que supone el conjunto de medidas adoptadas para cumplir con el objetivo de déficit presupuestario hasta 2014. Este ajuste es el más intenso de los cinco realizados desde que comenzó la crisis y que han supuesto un total de 121.000 millones.
Por primera vez, la exposición de Rajoy estuvo a la altura de las circunstancias y reconoció la "extremadamente grave situación" de la economía española, que continuará en recesión el próximo ejercicio, "aunque cercana al crecimiento cero". Los mercados inicialmente reaccionaron moderadamente bien, sin excesivo entusiasmo. En este sentido, es importante seguir la evolución del bono español, la prima de riesgo y la bolsa en los próximos días y ver qué sucede la semana que viene, cuando se produzca la primera subasta de letras y bonos tras el anuncio de las medidas, algunas de las cuales ya habrán sido para entonces aprobadas por el Consejo de Ministros. El presidente apeló a la "responsabilidad, disciplina y diligencia" de un país que debe -incluido Administraciones Públicas, sector privado y familias- 1,68 billones de euros.
El programa del Gobierno actúa en cuatro ámbitos: reducción de gastos, incremento de ingresos, mejora del funcionamiento de las Administraciones Públicas y reformas estructurales que flexibilicen la actividad económica. Del conjunto destacan tres medidas, por su impacto social y económico: la prestación del seguro de desempleo se reduce al 50% del salario base del trabajador -ahora es el 60%-; se elimina la paga extra de Navidad de los empleados públicos y aumenta el tipo general del IVA al 21 por ciento y el reducido al 10%. Las dos primeras suponen un recorte del gasto que puede acercarse a los 8.000 millones. Trabajo estudió recortar el tiempo de percepción de la prestación, que incide más en la incentivación de la búsqueda de empleo, pero finalmente se decidió por la reducción de la prestación, con mayor incidencia en el gasto. Se estima que afectará al 73% de los nuevos parados.
En relación con el IVA, los expertos temen su impacto sobre la economía y que se produzca una situación parecida a la de la subida anterior: un incremento inicial de la recaudación, seguido de una caída en picado de los ingresos. A lo que hay que añadir el temor de que acabe de dar la puntilla al consumo y ahonde la recesión. Junto a estas tres medidas hay otras que suponen una reorganización de los entes locales, como la delimitación de competencias impropias, la reducción en un 30% en el número de concejales o la eliminación de empresas públicas locales. Rajoy no incluyó las CCAA, pues por ley no se puede entrometer en sus decisiones, pero todo apunta a que en el Consejo de Política Fiscal que se reúne hoy, el Gobierno, siguiendo el método utilizado por la Comisión Europea, impondrá condiciones para desarrollar el instrumento de ayuda que necesitan las autonomías ahogadas financieramente. El recorte que se acometa en las CCAA dará la medida real de la profundidad de este ajuste y de la eficacia de la reforma del sector público. Todas estas decisiones, de gran impacto social, económico y presupuestario, debían haberse adoptado hace meses, cuando Rajoy accedió al poder con un caudal político que hasta la fecha no había tenido ningún otro gobernante español y posiblemente no hubiésemos perdido la confianza ni de Bruselas, ni de los mercados. Sólo queda ver si con este ajuste se recupera.
