La situación es tan grave que el Gobierno ha buscado el paraguas institucional de la Monarquía para presentar un duro programa de ajuste que, de haberse afrontado hace seis meses, hubiera ahorrado mucho sufrimiento y habría evitado el deterioro al que ha llegado la economía.
Rajoy utiliza el parapeto del Rey en un intento baldío de diluir su responsabilidad en unas medidas que, aunque conllevan un evidente desgaste político y suscitarán un amplio rechazo social, son necesarias e inevitables. La opción supone un regate peligroso en un momento en que la Jefatura del Estado atraviesa su mayor bache de popularidad. Esta actitud del presidente del Gobierno dice mucho de cómo ha jugado sus bazas políticas en los siete meses que lleva al frente del Ejecutivo.
Desde estas páginas se han denunciado los graves errores de estrategia y comunicación, que han llevado al Gobierno a dar bandazos en un tiempo en que se necesitaba un planteamiento de actuación a corto y medio plazo claro y decidido. Las reuniones del Eurogrupo y del Ecofin de estos dos últimos días ponen de manifiesto el fracaso de la estrategia española. Al final, el control de la crisis pasa a la Comisión Europea, el BCE y el FMI (la troika), que imponen su hoja de ruta al Gobierno español, después de que desde hace meses hayan sido muchas las voces que reclaman al Ejecutivo que actúe.
El Gobierno español sabía lo que se pensaba en la Unión Europea y cuál era el tipo de ajuste alemán que se pedía a nuestro país. Sin embargo, primero se interpusieron intereses políticos como las elecciones andaluzas y posteriormente se entró en una dinámica de rectificaciones y de conocimiento de escándalos financieros que restaron toda credibilidad. España se ha quedado sola, sin alianzas, y ha perdido toda influencia en los centros de decisión comunitarios. Se va a recibir la ayuda para el sector financiero y un año más para cumplir con el objetivo de déficit -esa es la zanahoria- pero también se establecen condiciones muy duras para las entidades con problemas, para el sector financiero y para las cuentas públicas -ese es el palo-.
Hay que reconocer que el Memorándum ofrece un planteamiento serio, con un calendario de actuaciones que va al corazón del problema financiero. Aleja la intromisión política del negocio bancario. Por ejemplo, los políticos no podrán decidir, influidos por presiones electorales, sobre el mantenimiento o cierre una entidad con problemas. Es más, la UE podrá cerrar en octubre cajas nacionalizadas que no sean viables y en la decisión no interferirán los procesos electorales. Todo el programa está monitorizado por la troika, que controlará trimestralmente los resultados y tendrá informes semanales. Se exige la independencia del Banco de España y su control del sistema financiero y se obliga a una mayor transparencia para proteger a los inversores. El control de las cuentas públicas también forma parte del condiciones que pone Bruselas que, por supuesto, considera imperativos los consejos y reformas dados a España a fines de mayo.
La reacción de los mercados ayer -bajaron el bono y la prima y subió la bolsa- indicaba una buena acogida inicial al Memorándum, aunque habrá que esperar a ver qué sucede en los próximos días. Bruselas -y entre bambalinas Merkel- tiene la sartén por el mango. España ha entrado en la UCI -llámese rescate blando o como se quiera- y al Gobierno sólo le queda el cartucho del plan de choque que hoy anuncia Rajoy en el Congreso y esperar que el BCE en algún momento, con la venia de Merkel, mueva ficha o se produzca un rescate en toda regla.
