La reforma de la prestación por desempleo debe contribuir a equilibrar el gasto que se destina a esta partida, a incentivar la búsqueda de empleo y a garantizar la protección cuando una persona pierde su trabajo y ha cotizado por ello. En el proyecto del Ministerio de Trabajo se contempla la reducción del tiempo en que se percibe la prestación por desempleo y un endurecimiento de los requisitos, que aliente la movilidad geográfica y una mayor vinculación entre prestación y formación. Además, de evitar el fraude. No es un cambio fácil y va a suscitar rechazo en algunos sectores porque adelgazará la cifra de beneficiarios. Además, algunas estructuras económicas y administrativas actuales representan serios obstáculos a la reforma que prepara el Ministerio de Trabajo, lo cual hace más necesario abordar cambios en estos ámbitos.
Por ejemplo, el Estado paga la prestación, pero son las CCAA autónomas las que se ocupan de los cursos de formación y de la oferta de empleo. Esto crea una disfuncionalidad que dificulta, primero la eficacia de los servicios de empleo a la hora de encontrar trabajo a los parados y, segundo, la persecución del fraude. Esto indica que es necesaria una mayor coordinación y control. Por otra parte, el Gobierno no debe olvidar que, aunque están autorizadas legalmente, todavía está pendiente de desarrollo el papel de las agencias de colocación. La reforma intenta promover la movilidad laboral. En este aspecto hay dos obstáculos: la situación del mercado de la vivienda -hipotecas a muy largo plazo y alquileres escasos y caros- y, sobre todo, por la temporalidad de los contratos. La reforma es muy necesaria, va en la buena dirección y debería aprovechar para introducir otras innovaciones como el compromiso de búsqueda activa de empleo.
